La instrucción de un sumario administrativo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán vinculado al caso “Tacacho” cumplirá 200 días corridos el 7 de noviembre. Se trata de una pesquisa interna en causas de violencia tramitadas en dos juzgados de Instrucción en lo Penal de esta capital disueltos en septiembre del año pasado, tras la entrada en vigor del nuevo Código Procesal. Esta investigación fue encargada al camarista penal Gustavo Romagnoli luego de que una auditoría constatara inconsistencias significativas en procesos similares a los que promovió Paola Tacacho, quien fuera asesinada el 30 de octubre de 2020 en pleno Barrio Norte de esta capital.

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Una de esas unidades, la N°3, estaba encabezada por Juan Francisco Pisa, juez que enfrenta un procedimiento de destitución en el Jurado de Enjuiciamiento por haber descartado un pedido de juzgamiento y sobreseído a Mauricio Parada Parejas, femicida de Tacacho. El Juzgado N°5 permaneció acéfalo hasta 2019, cuando asumió la jueza Carolina Ballesteros. Se trata de una oficina que dependió de jueces interinos, y que ya era objeto de un sumario previo -no resuelto- por denuncias de irregularidades de Ballesteros y de otros funcionarios.

El 22 de abril, los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos consideraron que correspondía investigar a todo el personal de los dos juzgados. En una entrevista reciente, Mariela Tacacho, madre de la víctima, dijo que no sabía nada de esa pesquisa más allá de que Romagnoli tenía que presentar los cargos y de que los auditores habían encontrado abundantes anomalías.

Última súplica

En el entorno del abogado Claudio Cermignani insistieron con que aquel se había desempeñado únicamente como abogado civilista de la víctima Paola Tacacho. Algunos familiares del profesional se comunicaron con LA GACETA para hacer hincapié en esa situación luego de que este diario publicara capturas y audios de WhatsApp que daban cuenta de que Tacacho había enviado a Cermignani pruebas de una amenaza recibida días antes del femicidio. El abogado se había excusado de hacer comentarios por enfrentar una denuncia de falta de ética de parte de Mariela Tacacho.